Nuestra PROMESA

Nuestra PROMESA

Desde los portones del RUM, un grupo diverso de estudiantes creó este espacio digital para facilitar el desarrollo de propuestas concretas y brindar información pertinente a la situación actual de la Universidad de Puerto Rico y el país.
Creemos en el derecho del estudiantado de expresarse en contra de las decisiones que afectarían negativamente al sistema de educación pública de Puerto Rico.
Aumento en el costo estándar por crédito a $120.00. Basado en la contribución familiar de los estudiantes que llenan la FAFSA, el subsidio mayor será de $64. Los que no cualifiquen para la FAFSA, no obtendrán subsidio.
Según el Plan presentado por la Presidenta de la UPR, se estima que para el 2026 la población estudiantil bajará a 56,000 estudiantes (6,000 menos). Pone en riesgo la accesibilidad de la universidad.

  • La pasada administración de Alejandro García Padilla declaró que la deuda era impagable. Es decir que Puerto Rico no tiene suficiente dinero para cumplir con el pago de los bonos.

  • La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la Sección 8 del Artículo VI establece lo siguiente:

  • “Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.” [Constitución de PR Art VI SS8]
  • Esto significa que la deuda se tiene que pagar primero y luego se financian los servicios esenciales para los cuidadanos; por ejemplo, servicios de salud, educación, entre otros.

  • Al Puerto Rico no poder cumplir con el pago de la deuda primero, los tenedores de bonos de Obligación General que están protegidos por la Constitución de Puerto Rico, demandan al gobierno para que cumpla con dichos pagos.

  • Ante esta situación precaria, el Congreso de los Estados Unidos, quien es la autoridad suprema de todos los asuntos de Puerto Rico y territorios, aprobó en el verano del 2016 la Ley PROMESA. Mediante ésta se impuso automáticamente una paralización a las demandas en contra del Gobierno de Puerto Rico hasta el primero de mayo del 2017.

Con el vencimiento de la paralización de demandas, y dado que el gobernador no pudo llegar a un acuerdo con los bonistas, éstos demandan al gobierno de Puerto Rico y exigen lo que constitucionalmente se les debe. El gobernador, entonces, solicita a la Junta de Control Fiscal (JCF) que se comience el proceso de "quiebra" bajo el Título III de la Ley PROMESA. Este Título provee una reestructuración supervisada por un tribunal. Los cobros asociados a la deuda se detienen hasta que el caso se vea en el Tribunal Federal junto con los acreedores. Ahora Puerto Rico será representado en el tribunal por los siete miembros de la JCF.
El Título III es una reestructuración supervisada por un tribunal. Sólo se ejerce el Título III si el gobierno y los acreedores no llegan a algún acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes para el pago de la deuda.
  • Los cobros asociados a la deuda se detienen y se establece que todos los acreedores del gobierno tienen que competir para justificar que se les pague, sean o no bonistas.

  • Se radica el Título III tras la expiración de la suspensión contra litigios. Esta suspensión protegía a Puerto Rico de demandas radicadas por los acreedores que exigían el pago de la deuda. El “stay” culminó el pasado 1ro de mayo de 2017.

  • Título III es un híbrido del Capítulo 9 y el Capítulo 11 del Código de quiebras federal, en el que se permite que se extienda la suspensión de litigios y ofrece alternativas de negociación para el país

  • Es decir, si el Gobierno está autorizado por Título III, el mismo puede renegociar la deuda con sus acreedores, pero se podrían arriesgar los convenios colectivos, las sentencias de individuos, las pensiones, o cualquier obligación contractual.

  • Además, establece que el resultado de un plan de ajuste se puede aplicar de manera retroactiva a los acreedores (una vez se cumplan ciertos requisitos).

  • Al solicitar el Titulo III, el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico puede rechazar la solicitud, y hasta podría congelar ciertos activos del país mientras están en el proceso de mediación, el cual podría durar unos 120 días.

  • La JCF queda encargada de representar al gobierno ante el tribunal; además, presentarían un plan de ajuste de deudas.